RECURRIR LAS SANCIONES DEL ESTADO DE ALARMA

RECURRIR LAS SANCIONES DEL ESTADO DE ALARMA

Desde que entrara en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma en todo el territorio español, son cientos de miles los ciudadanos/as que han sido propuestos para sanción, por supuestamente vulnerarlo. Ahora, la pregunta es, ¿es posible recurrir las sanciones del estado de alarma?

Vamos a verlo:

Y es que, el artículo 7 del citado Real Decreto (poco acertado, en mi opinión) limitó la libertad de circulación de las personas para la realización únicamente de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

La institución jurídica del “estado de alarma” permite la limitación de derechos fundamentales, como es la libre circulación, pero no la suspensión total de los mismos.

En caso de incumplimiento de las actividades no permitidas, el artículo 20 del citado Real Decreto renunció a establecer un régimen sancionador propio, remitiéndose expresamente a “lo dispuesto en las leyes”.   Este hecho está generando no pocos conflictos, ante la falta de precisión del legislador de las leyes aplicables para sancionar. 

 A fecha actual existe un debate jurídico abierto sobre cuáles son las normas que encajan en el régimen sancionador, existiendo tres posibilidades: 

  1. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
  2. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; la más utilizada hasta el momento.
  3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Como comento, el debate está abierto y va a ser especialmente relevante para impugnar, en su caso, los procedimientos sancionadores incoados. Cada norma sanciona hechos distintos y prevé sanciones también diferentes.

Por lo tanto, existen muchos problemas en cómo encajar dentro de los tipos de las citadas Leyes, los hechos o actuaciones llevadas a cabo por el ciudadano/a presunto infractor. Debemos recordar que estamos en el ámbito sancionador, donde rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia, teniendo la Administración la carga de la prueba de acreditar los hechos, y hacer el razonamiento debido de por qué la actuación del administrado ha infringido la norma.

Además, todos hemos visto y oído aquellos supuestos casos de mala interpretación policial del Real Decreto, que culminan en denuncias, que probablemente serán archivadas. Y, a su vez, muchos ciudadanos/as actuando con un carácter totalmente irresponsable, “sáltandose” el confinamiento, o actuando en fraude de Ley.

Ya es oficial que los plazos administrativos se van a reanudar a partir del 1 de junio de 2020, y es entonces cuando podremos presentar las alegaciones a todos aquellos expedientes sancionadores, que las Administraciones ya han notificado durante el estado de alarma.

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