LA PLUSVALÍA: DE CUENCA AL CONSTITUCIONAL

LA PLUSVALÍA: DE CUENCA AL CONSTITUCIONAL

LA PLUSVALÍA: DE CUENCA AL CONSTITUCIONAL

El 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional (“TC”) anunció el fallo de la Sentencia, aún sin publicar en el BOE, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 de la Ley reguladora de las haciendas locales, que determinan el método de cálculo del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (más conocido como “plusvalía”). 

Mucho menos conocido es que todo empezó once años atrás en Cuenca, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó el caso de un ingeniero, D. Antonio Escribano, que demostró que la fórmula matemática utilizada para el cálculo del impuesto es errónea. El Ayuntamiento calculaba el incremento de valor aplicando el último valor catastral (fecha de transmisión) en años sucesivos, y no en los años pasados teniendo en cuenta el valor catastral de adquisición, lo que implicaba un sobrecoste de hasta un 40% al contribuyente.

En cuanto a la última Sentencia del TC, esta determina la nulidad de los preceptos al existir un único método para cuantificar de forma objetiva o estimativa el impuesto. Por ello, la reforma aprobada en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, y que entró en vigor el día 10 de noviembre, ha modificado parcialmente la regulación del impuesto de plusvalía, teniendo como novedades principales las siguientes:

  • Se establecen dos métodos para el cálculo a elección del contribuyente: i) aplicar el valor catastral del suelo con los nuevos coeficientes, o ii) la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.
  • No estarán sujetos aquellos supuestos en los que no haya incremento de valor entre la transmisión y adquisición del bien inmueble.
  • Se gravan las transmisiones producidas en el plazo de un año, alegando que pueden tener un carácter especulativo.

De lo anterior, varios profesionales han concluido que el nuevo impuesto de plusvalía se encarecerá en los cinco primeros años, y que a partir del sexto año se tributará menos que hasta ahora.

El Decreto-ley prevé un plazo de seis meses para que los Ayuntamientos adapten sus ordenanzas a la nueva situación. Los contribuyentes deben afrontar el pago de los impuestos con las máximas garantías, siendo el régimen de autoliquidación el más garante al permitir solicitar su rectificación en el plazo de cuatro años (arts. 66 y 120 LGT). A este respecto, el Ayuntamiento de Santander lo eliminó para el ejercicio 2021, manteniendo únicamente el sistema de liquidación, a pesar de encontrarnos en un contexto de gran inseguridad jurídica.

Uno de los puntos pendientes de la reforma habría sido regular los supuestos de tributación en herencias. Actualmente la Ley de haciendas locales prevé en su artículo 108.4 una bonificación potestativa de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los herederos forzosos: descendientes, cónyuges y ascendientes. Esto permite que cada Ayuntamiento en sus ordenanzas puedan incorporar la bonificación, o no, además de establecer requisitos limitadores a la misma. La plusvalía es el impuesto real a las herencias, por lo que esta bonificación debería reformularse y establecer unos requisitos comunes de aplicación a todos los Consistorios.

En este sentido, podría ser interesante explorar la regulación establecida en la Ley Foral de haciendas locales de Navarra, que prevé la no sujeción al impuesto en las transmisiones por herencias a herederos forzosos, y que sí tributarán en la posterior venta de los inmuebles por el número de años inicial (sin contar la fecha de adquisición hereditaria).

Porque todos debemos pagar impuestos, pero de acuerdo con nuestra capacidad económica y en respeto a los principios de igualdad y progresividad previstos en la Constitución. 

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